Cómo afecta el amianto a las comunidades de vecinos: obligaciones y pasos a seguir

La presencia de amianto en una comunidad de vecinos puede generar preocupación, dudas legales y la necesidad de tomar decisiones conjuntas. Muchos edificios residenciales construidos antes de 2002 —año en el que se prohibió su uso en España— aún conservan elementos con amianto en cubiertas, bajantes o instalaciones comunes. En muchas ocasiones, los vecinos desconocen que estos materiales están ahí hasta que una inspección o una reforma los pone en evidencia.

En este artículo analizamos cómo afecta el amianto a las comunidades de propietarios, qué implicaciones legales existen y qué acciones deben tomarse para gestionar la situación correctamente.

¿Dónde suele encontrarse el amianto en los edificios residenciales?

Aunque el amianto se asocia habitualmente a contextos industriales, también fue un material muy presente en viviendas y comunidades de vecinos durante décadas. En estos edificios, es común encontrarlo en tejados de uralita, bajantes pluviales, depósitos de agua, placas de cerramiento o incluso recubrimientos térmicos en garajes y cuartos de contadores. Su uso fue frecuente por su bajo coste, su resistencia al fuego y su capacidad como aislante.

La principal complicación es que, con el paso del tiempo, estos materiales se deterioran. El riesgo no reside tanto en que estén instalados, sino en su estado de conservación. Si se rompen o se manipulan sin control, pueden liberar fibras al aire y convertirse en un peligro para la salud.

Obligaciones legales de la comunidad de propietarios

Aunque no existe una normativa que obligue a retirar todo el amianto de forma inmediata, sí hay ciertas responsabilidades legales que las comunidades deben conocer. Si se sospecha de la presencia de este material en el edificio, lo primero es confirmar su existencia mediante una inspección técnica profesional. En caso de que esté deteriorado o vaya a ser afectado por obras, debe retirarse obligatoriamente y siempre a través de una empresa autorizada.

La ley prohíbe que particulares, empresas no inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) o comunidades actúen por su cuenta. Además, cualquier reforma que implique tocar un elemento con amianto requiere su retirada previa. No se puede perforar, cortar ni intervenir sobre estos materiales sin una planificación específica y medidas de seguridad.

Cada comunidad puede decidir si opta por una retirada inmediata o una planificación a medio plazo, pero debe tener claro que asumir la situación y actuar con responsabilidad evitará problemas mayores en el futuro.

Qué pasos seguir si se detecta amianto en la comunidad

Lo más importante es evitar la improvisación. Ante la sospecha de que algún elemento pueda contener amianto, lo recomendable es solicitar una inspección a una empresa especializada, que será la encargada de confirmar su presencia y evaluar su estado.

Con esa información, la comunidad deberá reunirse y tomar decisiones informadas: si procede la retirada inmediata, si es posible esperar o si conviene aprovechar futuras reformas para eliminarlo. También será el momento de solicitar presupuestos, valorar subvenciones públicas y establecer un plan de actuación legal y seguro.

Este tipo de procesos, si se gestionan correctamente, no tienen por qué ser un problema. Las comunidades que lo abordan con previsión y con el apoyo de profesionales especializados suelen resolver la situación sin conflictos internos y con garantías legales.

¿Qué consecuencias puede tener no actuar?

Ignorar la presencia de amianto en el edificio puede acarrear consecuencias tanto para la salud como para el patrimonio de la comunidad. La exposición prolongada a fibras de amianto es un factor de riesgo para enfermedades pulmonares graves. Además, cualquier manipulación accidental, ya sea por parte de un vecino o un operario sin la formación adecuada, puede derivar en sanciones legales o paralización de obras.

Tampoco hay que perder de vista que este tipo de materiales afectan al valor de mercado de las viviendas. Una comunidad que afronta la retirada del amianto de forma planificada y transparente mejora su imagen, refuerza la seguridad de sus instalaciones y aporta tranquilidad a sus residentes.

La presencia de amianto en una comunidad de vecinos no siempre implica una emergencia, pero sí exige responsabilidad y buena gestión. Conocer su ubicación, evaluar su estado y actuar con asesoramiento profesional es la mejor forma de proteger la salud de los vecinos y evitar complicaciones futuras.

Desde AST Amianto ayudamos a comunidades a identificar, analizar y retirar amianto cumpliendo toda la normativa vigente. Si crees que en tu edificio puede haber materiales afectados, no lo dejes pasar: te asesoramos sin compromiso.